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MUNICIPALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Autor: Miguel Andrés Brenner

Mayo de 2000.

          Con la firma de José Octavio Bordón, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y con fecha 19 de abril de 2000, se envía al Señor Presidente del Consejo Escolar de Avellaneda Raúl Sánchez, una notificación, recibida en el Consejo Escolar de Avellaneda el 27 de abril de 2000, y en la que se establece el inicio de un plan de municipalización del sistema educativo para el distrito de Avellaneda, cuya proyección abarca a toda la provincia de Buenos Aires en virtud de los considerandos de dicho documento. La primer etapa deberá estar cerrada al 30 de julio de 2000, para consolidar el plan de acción a febrero de 2001.

            Afirma Bordón lo siguiente: “es intención de esta Dirección General de Cultura y Educación que en cada distrito se conforme una Unidad de Planificación del Desarrollo Educativo Distrital...”

          En otros términos, ello implica un paso dado hacia la municipalización del sistema educativo, en este caso el de la Provincia de Buenos Aires.

          Dicha unidad estará conformada por:

Ÿ“el Intendente y el Gobierno Municipal con su visión de conjunto de las necesidades sociales locales”= Tengamos en cuenta, al respecto, que el descrédito político de los gobiernos municipales, el clientelismo político localista, las listas sábanas como herramienta eleccionaria de los partidos políticos, amén de la duda generalizada relativa al manejo de fondos financieros no constituyen el mejor plafond para el proyecto en marcha;

Ÿ“los miembros del Consejo Escolar con su perspectiva educativa local”=

0Hoy día, la institución denominada Consejo Escolar constituye una entidad de orden política, conformada por quienes accedieron a  integrar las listas sábanas, desconocidos por la población distrital, luego de haber triunfado dentro un proceso eleccionario formal, por lo que carecen de real representatividad.

1Los actuales Consejos Escolares, en la experiencia de las direcciones de los establecimientos educativas y de la comunidad docente en general, constituyen, sin más, meros entes burocráticos con una gran cuota de ineficiencia y lentitud.

2Dada la tecnología informática vigente, con los sistemas en red, y sus posibilidades interactivas, los consejos escolares, en tanto intermediarios administrativos, se convierten en entidades que entorpecen la acción pedagógica-administrativa de las instituciones escuelas, además de significar una carga financiera al erario público que podría evitarse, racionalización mediante, en función de dirigir los fondos sobrantes, con tal motivo, a satisfacer algunas de las necesidades locales. Obviamente, la modificación propuesta requiere de una Reforma Consitucional, cuya rigidez referida al modo de su reforma dificulta su puesta en práctica, además de la inexistencia actual de una voluntad política al respecto.

Ÿ “...el personal de supervisión designado a tal fin, que representa a la Dirección General, velando por la calidad del servicio educativo”= se alude aquí a la función del denominado inspector, cuyo rol, en líneas generales, no es el de ser un intermediario dialógico y dialéctico entre las necesidades de la comunidad educativa y las circunstanciales autoridades político educativas de la provincia de Buenos Aires, sino más bien el de ser un simple ejecutor de una política educativa, por lo que el mencionado rol se procesa a través de un sistema de control o monitoreo, dentro de un espíritu de vigilancia y sanción para determinados aspectos, mientras que, para otros, dentro de un espíritu de ocultamiento de los problemas pedagógicos reales de cada escuela, amén de las políticas de simulación, a partir de instrumentos meramente formales, y, además, constando que el criterio de ser ejecutor de una política educativa se constituye en parámetro fundamental en función de la elaboración de las problemáticas que se presentan a los aspirantes al cargo de inspector en los respectivos concursos;

Ÿ es interesante que se explicite lo siguiente: “queda en la consideración de este núcleo la realización de una convocatoria más amplia a representaciones gremiales, representantes de asociaciones de la educación privada y de las cámaras de industria y comercio significativas de la zona”=

1. es decir, no se normaliza la participación de dichas entidades, la que queda, simplemente, al arbitrio de la consideración de dicho núcleo;

2. se accede a la participación de las cámaras de industria y comercio, pero no a otros sectores, que podrían tener que ver con el ámbito de la salud, del arte, del deporte, de los derechos humanos, etc., y en general, los que incluyan a las organizaciones no gubernamentales (O.N.G.), con lo que aparece una connotación marcadamente economicista por constituir al mercado en eje prioritario, ante la  exclusión de otros ámbitos posibles.

Se establece que los objetivos que persigue la Unidad son:

Ÿ “establecer criterios para la creación de servicios y su localización”,

Ÿ “identificar las necesidades de infraestructura, equipamiento y capacitación”,

Ÿ “priorizar  las inversiones en el corto, mediano y largo plazo”,

Ÿ “analizar los resultados de la evaluación periódica de aprendizaje de los alumnos”,

Ÿ “proponer metas cuantificables de mejora del sistema educativo distrital en el mediano y largo plazo”,

Ÿ “establecer los compromisos presupuestarios de la Dirección General de Cultura y educación y de los municipios en el sector educativo”.

          Al respecto, caben las  siguientes consideraciones:

0Por las cualificaciones explicitadas más arriba acerca del perfil de quienes constituyen el núcleo de cada Unidad de Planificación del Desarrollo Educativo Distrital, no son aquellos, sus integrantes, los más deseables, considerando las reales necesidades de la comunidad;

1En las condiciones actuales, los municipios más pobres dedicarían un menor aporte financiero relativo, con lo que la exclusión social se profundizaría, la experiencia chilena es significativa al respecto;

2En cuanto al fondo aportado por los municipios existiría el peligro de un manejo arbitrario de los mismos, con lo que aparecerían factores locales de inequidad, y valga como ejemplificación el aporte del 20% que los municipios colombianos deben realizar, muchos de los cuales no lo efectivizan (el 80% restante lo realiza el Estado Nacional de Colombia) para el sistema de vales educativos o vouchers educativos a fin de favorecer la inclusión de los sectores pobres de la población en la escuela media con toda la problemática relativa al desvío de los dineros públicos (o a las dificultades mencionadas en el ítem anterior) (*);

3Obviamente, y en referencia a los ítems 2 y 3, parte del presupuesto educativo dependería de los dineros que aporten los municipios, con lo que la descentralización afectaría negativamente, y en su mayor parte, a los distritos más pobres;

4Por otro lado, se pretende, implícitamente, descentralizar los conflictos, y por ende fragmentar las iniciativas de reivindicación y/o gremiales.

          “Creemos que una gestión moderna implica la participación y la toma de decisiones compartidas con los actores y en los propios espacios de desenvolvimiento de la tarea. Esto contribuirá a la transparencia en la toma de determinaciones, en la asignación de recursos, constituyendo un camino concreto de descentralización que queremos construir entre todos.”  Expresión tal formulada en el documento firmado por José Octavio Bordón y que merece las siguientes consideraciones:

0El término gestión resulta extrapolado en las postrimerías del siglo XX de los contextos lingüísticos de las gestiones de gerenciamiento empresarial, con las signficaciones implícitas de eficiencia y eficacia en el ámbito de la economía y/o del mercado.

1El término moderno, desde dicha perspectiva, ha sido utilizado en función de las políticas de desregulación del mercado, de la privatización de las empresas de servicios públicos (**), de la flexibilización-precarización laboral, de las políticas de descentralización financiera y fragmentación de las fuerzas políticas de resistencia, de una redistribución regresiva del ingreso nacional que se acumula cada vez en mayores porcentajes en sectores minoritarios de la población. El término moderno alude a una significación imperante desde las redes de poder, como opuesto y/o mejor que lo tradicional y/o pasado. ¡¿Quién, entonces, no debe dejar de pretender ser moderno?!

2La noción actores homogeneiza, ideológicamente, a los sujetos sociales, como si no existieran sectores sociales con divergencia de intereses, necesidades, poder o fuerza, y todos, por ende, fueran, por la simple decisión individual, capaces de incidir en el curso de su propia historia.

3Por otro lado, se acredita verticalmente una descentralización deseada por todos, por la única razón que el político formal de turno así lo decide, utilizando en su discurso un concepto caro a las teorías que afirman la construcción social de la realidad bajo el concepto de actor, criticado en el ítem anterior. “...un camino concreto de descentralización que queremos construir entre todos.”

          A manera de conclusión, afirmo la importancia de una municipalización del sistema educativo, pero no dentro del contexto político actual de dominación, bajo las reglas de un sistema democrático meramente formal.

          Un contexto diferente debiera ser aquél que contemple, entre otras, las siguientes condiciones, a saber:

Ÿ políticas tendientes hacia una participación democrática real en el poder;

Ÿ políticas tendientes hacia una redistribución más equitativa del Ingreso Nacional y de las cargas impositivas, con la eliminación del IVA, impuesto al consumo, a los productos de la canasta familiar y del impuesto a las ganancias a los sectores medios de la población, y aumento significativo del impuesto a las ganancias y bienes personales de los sectores minoritarios de alta capacidad contributiva;

Ÿ políticas tendientes a la gradual eliminación de los circuitos financieros de la corrupción, del contrabando y del narcotráfico;

Ÿ políticas tendientes a una reactivación del aparato productivo y en relación al consumo interno, a fin de depender con menor intensidad de los crecientes flujos especulativos de la corrupta timba financiera denominada globalización (***);

Ÿ políticas tendientes a una real transformación de la política educativa, tanto a nivel nacional y como a nivel de la Provincia de Buenos Aires, en función a las necesidades de la población y a criterios real y fundadamente participativos;

Ÿ políticas de Estado para el ámbito del sistema educativo, a fin de que las decisiones políticas no dependan de los gobernantes de turno;

Ÿ una gradual y progresiva eliminación de los manuales que cosifican el conocimiento y que dirigen, a la manera de un panóptico (noción explicitada por Michel Foucault), la acción docente en el aula, a fin de lograr una real y efectiva profesionalización de la actividad docente;

Ÿ un gradual y crítico proceso de deconstrucción del denominado y vigente Proyecto Educativo Institucional -PEI- en función de hacer visible la voluntad de verdad implicada en el mismo, de hacer visible sus mecanismos de sumisión en el marco de normativas cuyo arbitrio no favorece la construcción de una real comunidad educativa, y sí favorece mecanismos de simulación (el currículum simulado) que en última instancia hacen radicar el fracaso escolar en la micro institución escolar y en cada docente concreto;

Ÿ transparencia en la asignación de fondos para acciones educativas, tanto en lo referente a recursos humanos como a recursos materiales, y un  proceso de constante auditoría no comprometida con la ocasional gestión de gobierno cuyas conclusiones se den a publicidad;

Ÿ transparencia en lo referente a créditos recibidos de organismos internacionales (como, por ejemplo, el Banco Mundial), y un proceso constante de auditoría no comprometida con la ocasional gestión de gobierno cuyas conclusiones se den a publicidad.

NOTAS:

(*) Cfr. Brenner, Miguel Andrés. “Educación para todos. Un paradigma neoliberal”, de enero de 2000.

(**) Tengamos en cuenta que hacia fines de la década del 80 del siglo XX y principios de la década del 90, un leit motiv de la crítica de los sectores liberales a las políticas económicas vigentes durante varias décadas se sintetizaba en la expresión de achicar el Estado, por cuanto el principal motivo del déficit fiscal eran las empresas públicas respecto las cuales el Estado sería un pésimo administrador. Hoy día, con una mayor recaudación fiscal respecto la década del 80, con una mayor producción también respecto dicha década, el déficit no solo que es vigente, también atroz. Ahora se sitúa el problema en que dicho Estado administra ineficientemente sus propios fondos. En el fondo, el problema es el mismo, pero más agravado. Y lo que no se publicita es que  de los U$S. los 50.150,27 millones de dólares presupuestados como gastos a nivel nacional para 1999 -Presupuesto Nacional-, U$S. 20.506 millones de dólares fueron destinados al sistema de seguridad social, la mayor parte de los cuales destinados, a su vez, a fin de abonar las jubilaciones y pensiones vigentes, ya que los aportes de los trabajadores en actividad han engrosado los fondos de inversión de las Asociaciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones -AFJP- privadas ligadas a lo sectores de poder financiero, como tampoco se publicitan los U$S. 8.304,30 millones de dólares que se destinaron para afrontar el pago de los intereses de la deuda externa en el Presupuesto Nacional del año 1999, que se aumentaron para el presupuesto del año 2000 en 8.908,80 millones de dólares (lo que equivale a un 18,38% del mismo). Obviamente, el déficit fiscal correspondiente a dicho período es de U$S. 10.000 millones o más (los datos del P.N. para el año 1999 fueron extraídos de la documentación de la Administración Pública Nacional).

(***) Cfr.Strange, Susan. “Dinero loco. El descontrol del sistema financiero global.” Editorial Paidós. Barcelona. 1999.

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