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Del Equipo Nizkor
03sep01

INFORME SOBRE LOS EFECTOS DE LAS FUMIGACIONES Y LAS CONSTANTES VIOLACIONES A LOS
DDHH EN EL VALLE DEL RIO CIMITARRA.


En una comisión que visitó el Valle del río Cimitarra del 30 al 31 de agosto del
2001 para enterarse de primera mano de los efectos que han causado las
fumigaciones de los cultivos de uso ilícito, hablamos con representantes de las
siguientes veredas de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios y San
Pablo: La Poza, El Campo, El Bagre, La Concha, Concepción, Las Nutrias,
Lejanías, La Esperanza, Chaparral, Coroncoros, Notepases, San Lorenzo, La
Floresta, Jabonal, San Francisco, Bocas de Jabonal, Cuatrobocas, La Paragua, La
Pafuila, Patio Bonito, Venecia, Caño Ermes, La Palúa, Yanacué, Miralindo, El
Diamante, La Victoria, El Cedro, Limón Alto, Bajo Sicué, Alto Cañabraval, Aguas
Lindas y Las Clavelinas.

Queremos destacar los siguientes hechos:

Después de las primeras fumigaciones de los cultivos de coca y de pancoger en la
región, en enero y febrero del año en curso, los campesinos afectados se
pusieron de acuerdo con el Gobierno, a través de PLANTE y la UMATA, de sembrar
maíz mientras que el Gobierno se comprometió a no fumigar más. La variedad de
maíz entregada produjo pobres cosechas y el Gobierno siguió con las
fumigaciones.

Después de las primeras fumigaciones, los campesinos del Valle del río Cimitarra
y del Sur de Bolívar volvieron a sembrar maíz, yuca, plátano y arroz. Pero entre
el 5 y el 25 de agosto del 2001, la Policía Antinarcóticos retomó las
fumigaciones en las veredas arriba mencionadas. En algunos casos las
fumigaciones fueron acompañadas de ametrallamientos indiscriminados, como por
ejemplo en Yanacué, Aguas Lindas y Alto Cañabraval.

Sólo de las 242 familias entrevistadas (quienes ni siquiera representan el 10%
de la población afectada) resultaron dañadas un total de 546,5 hectáreas de
cultivos de pancoger (entre yuca, plátano, maíz, arroz y ñame); sumando a eso el
área de árboles frutales y pasto dañado, se llega a un total de 783 hectáreas.
Las parcelas de coca fumigadas se elevan a 465,5 hectáreas. (En la región los
campesinos no cultivan más de un promedio de 2,5 hectáreas de coca)

La falta de alimentos y la contaminación del agua como consecuencias secundarias
de las fumigaciones causaron la muerte de un número indeterminable de animales
domésticos (entre reses, mulos y gallinas).

Debido a los daños en los cultivos de pancoger y a la muerte de los animales
domésticos, los campesinos de las veredas arriba mencionadas – y de más veredas
cuyos representantes no podían acudir a las reuniones por falta de tiempo o por
la distancia – se ven ante una grave crisis alimentaria. En algunas veredas ya
escasean los alimentos.

Contrario a declaraciones oficiales sobre la inocuidad del glifosato pudimos
comprobar enfermedades dermatológicas (brotes y rasquiña debido a que la piel
se pone reseca hasta reventar), tanto en niños como en adultos que fueron
expuestos directamente a fumigaciones cuando trabajaban su tierra o jugaron
fuera de la casa. En un caso concreto, un niño de 18 meses murió ocho días
después de que fue regado con glifosato.

En entrevistas con los campesinos, todos coincidieron en que la grave situación
alimentaria se ve agravada aún más por el bloqueo económico a través del retén
que mantienen los paramilitares ya desde mucho tiempo en La Rompida. Este sitio
se encuentra a sólo 5 minutos en chalupa de la base de la Armada Nacional.

En este retén los paramilitares cobran un “impuesto” de 10% del valor del
mercado; si el mercado supera el valor de 100 mil pesos, lo quitan. No dejan
entrar cilindros de gas con el argumento de que sirven para la guerrilla; por
consecuencia la población rural tiene que cocinar con leña. Tampoco dejan entrar
baterías con las que se pone en marcha los televisores (no hay suministro de
energía eléctrica en la región visitada).

En la zona portuaria de Barrancabermeja, en concreto en los sitios conocidos
como La Rampla y Puerto Escaleras, los paramilitares observan a los pasajeros y
los mercados que transportan los motoristas.
En el mismo sector los paramilitares han desaparecido y asesinado a varios
campesinos que llegaban del o regresaban al Valle del río Cimitarra, entre
otros:
1) el 18 de marzo apareció asesinado Frazier Zapata Marín de Los Mandarinos
2) el 19 de abril apareció asesinado Indulfo Peñafiel de El Bagre
3) el 15 de junio fue asesinada María de Jesús Mahecha, residente en
Barrancabermeja, cuando regresó de una visita a su hijo en La Poza
4) en menos de dos meses desaparecieron a Cristian Orozco, Andrés Méndez y Jairo
Gaviria de la vereda Yanacué
5) el 6 de agosto fueron encontrados asesinados Omar Cifuentes de El Tamar y los
dos hermanos Fabio y Luis Alberto Franco
6) el 26 de agosto apareció asesinado Jhon Alexander García López de la vereda
La Esperanza

Los campesinos, a pesar de ser población civil, se ven constantemente señalados
como colaboradores de los grupos guerrilleros que operan en la región, lo cual
pone en peligro la vida de ellos y de sus familias.

Por todo lo anterior, los pobladores del Valle del río Cimitarra exigen del
Gobierno colombiano:

a) respeto a los Derechos Humanos, en especial a su integridad física, al
derecho a labrar sus tierras y al derecho al libre tránsito
b) una comisión de alto nivel que verifique los daños causados por las
fumigaciones en los cultivos de pancoger y en la salud de los hombres y animales

c) el suministro de mercados por parte de la Red de Solidaridad Social
d) apoyo para la erradicación manual de los cultivos de coca en forma de
proyectos de sustitución
e) el cumplimiento de su deber por parte de las autoridades de actuar contra las
acciones de los paramilitares, en concreto el retén en La Rompida
f) acciones de las autoridades para frenar la impunidad referente a los casos de
desapariciones y asesinatos de campesinos de la región del Valle del río
Cimitarra.
RED EUROPEA DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
Barrancabermeja, 3 de septiembre de 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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