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Argentina: Radiografía de los que protestan

Donde hay un piquetero, falta el Estado


Fabián Kovacic - Brecha

Luisa Alegre, presidía el centro de jubilados y pensionistas Vida Feliz en un barrio de La Matanza, el más populoso distrito del cordón urbano que rodea la capital argentina. Murió sobre la ruta 3 reclamando junto a otros piqueteros mejores condiciones de vida. Emilio Alí, un joven de Mar del Plata que reclamaba comida en las puertas de un supermercado, fue detenido, juzgado y condenado en tiempo récord por la justicia a purgar cinco años de prisión efectiva. La penalización de la protesta social va en aumento. Pero también crecen las formas y contenidos de quienes reclaman ser tomados en cuenta por el sistema que los expulsa.

No se trata solamente de desempleados en busca de trabajo. Ni de jubilados que quieren aumento en sus jubilaciones. Tampoco son sólo docentes en reclamo del pago en fecha de sus salarios. El fenómeno piquetero en Argentina se inscribe en una manifestación de protestas globales de aquellos actores sociales excluidos del sistema económico, social y laboral. Los cortes de rutas y accesos a los centros urbanos son la única forma de llamar la atención de un Estado incapacitado -tras una década de reconversión neoliberal- para cumplir sus roles. En el mismo sentido, los escraches de hijos son la única manifestación posible ante la impotencia de ver a una justicia maniatada con las leyes de obediencia debida, el punto final y los indultos posteriores entregados por el gobierno de Menem.

Todas son respuestas al pedido de algunos sectores del periodismo que planteaban encerrar a todos los disconformes con las políticas del gobierno en un "protestódromo", como el estadio Monumental de River Plate, para que se manifestaran sin molestar al prójimo. Una clase magistral de libertad de expresión.

HISTORIA DE UNA PROTESTA

Los primeros en estallar de bronca ante la arbitrariedad de la baja en sus haberes fueron los jubilados, que en 1993 empezaron a manifestar los miércoles frente al Congreso, sobre el cruce de las avenidas Rivadavia y Callao. Encabezados por Norma Plá, un puñado de ancianos que superaba entonces los 70 años llegaba cada tarde de miércoles desde el Gran Buenos Aires y los barrios periféricos de Capital, para manifestar su repudio frente a los legisladores que votaron el ajuste de haberes, y explicaban sus motivos con carteles ingeniosos.

Por esos mismos años empezaron los problemas más graves del desempleo con la desaparición lisa y llana de pueblos enteros erigidos al calor de algunas actividades económicas peculiares de cada región del país.

Primero saltaron Cutral Có y Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, sobre la Patagonia y a orillas de la cordillera de los Andes. La privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) en trámites parlamentarios irregulares apurados por el viento desregulador que sopló con el menemismo, llevó a que la española Repsol decidiera considerar improductivos varios pozos petroleros de aquella vieja empresa argentina. Las amas de casa que veían cómo sus esposos se quedaban sin empleo, sus hijos sin escuelas y toda la familia sin atención médica, se pusieron a la cabeza; porque todo fue construido por ypf en los años de la bonanza, allá por 1950. La falta de empleo retrajo el consumo y el círculo económico mínimo para sobrevivir como comunidad se rompió y comenzaron las migraciones internas. El cierre de ramales ferroviarios con la excusa de no ser rentables, aisló a las comunidades y empeoró las cosas.

Las rutas de Cutral Có y Plaza Huincul fueron cortadas por todo el pueblo que veía peligrar su existencia. Reclamaban puestos de trabajo o alternativas para sobrevivir sin abandonar su tierra. La lucha duró más de un año entre promesas incumplidas y responsabilidades del gobierno central pero también de los provinciales.

Algo similar pasó en la norteña provincia de Salta, donde los departamentos de San Martín, Tartagal y General Mosconi, ricos en petróleo, pasaron a ser considerados "no viables" por la nueva ypf privada. Los despidos masivos convirtieron a los pueblos en poblaciones fantasmas. De inmediato se organizaron piquetes para reclamar por la falta de políticas alternativas, y recién unos años más tarde nacieron como engendro los planes Trabajar que disimulan, con 160 dólares mensuales durante tres meses y sin posibilidad de renovación, el desempleo galopante. Los desempleados y sus familias empezaron a cortar rutas quemando neumáticos para impedir el paso en señal de protesta.

"El problema general en el país -dice el sociólogo Juan Villareal, de la Universidad de Buenos Aires- es que los piquetes son mucho más que el reclamo a la falta de un puesto laboral. La figura del piquetero está asociada cada vez a un grito desesperado por reclamar todo aquel derecho que el Estado no asume con responsabilidad. Pero es lógico que no lo asuma, cuando cambió la categoría de ciudadanos por la de consumidores." Es bueno recordar que en los últimos piquetes en el Gran Buenos Aires, en La Matanza, no sólo manifestaban desempleados. Las madres que ya no pueden enviar a sus hijos a los comedores comunitarios, los ancianos que no reciben atención médica, los chicos cuyas escuelas tienen serias deficiencias para albergarlos, se reúnen en apoyo a los piquetes. "Es una nueva forma de recrear el imaginario colectivo. Todos son parte de algo que los une, la necesidad; responden unidos en un corte de ruta. Donde hay un piquetero es porque falta el Estado", resume Villareal.

GREMIOS Y PIQUETES

Carlos "Perro" Santillán estudió un poco de abogacía, otro poco de antropología, pero como empleado estatal se decidió a dar la pelea en el terreno gremial desde los primeros años del gobierno de Carlos Menem. Fue elegido secretario general de los empleados municipales de Jujuy, y desde 1990 encabeza las luchas de los trabajadores en el norte del país. Actualmente es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (ccc) de orientación prochina. Aunque hoy algo alejado de los postulados de su jefe histórico, René Salamanca, el sector de Santillán apoya los cortes de rutas con piquetes y a los movimientos sociales que dan la pelea contra el modelo económico. Todos los conflictos provinciales de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero lo tuvieron apoyando a los trabajadores en reclamo de sus reivindicaciones. Cada vez que Santillán llega a Buenos Aires es recibido con aplausos y su trayectoria es reconocida; se sabe que no es un dirigente que lucre con su cargo.

Los gremios encolumnados en la Central de Trabajadores de Argentina (cta) son los estatales de casi todas las provincias y los docentes, que cuentan con apoyos masivos. "Nosotros trabajamos con la idea de ir generando puentes hacia delante. Nada se logra simplemente con una medida de fuerza. Es necesario ir sumando para reconstruir la Argentina que destruyó la dictadura militar", asegura Víctor Mendibil, del gremio judicial bonaerense y miembro de la mesa nacional de la cta. "Por eso estamos convocando ahora a un plebiscito para el mes de julio a fin de que el gobierno nacional y el Congreso sancionen la ley que garantice los 380 pesos de subsidio para cada jefe de hogar desocupado y una asignación por hijo de 60 pesos", concluye.

Las coincidencias, tanto en el campo gremial como en la lucha cotidiana y callejera, encontraron a la ccc y a la cta en un mismo camino de fondo. De hecho, los dirigentes piqueteros comparten la conducción de las protestas entre ambas orientaciones sindicales: Luis D'Elía, concejal frepasista de La Matanza ligado a la cta, y Juan Carlos Alderete, cercano al Perro Santillán.

TODOS SOMOS PIQUETEROS

Luisa Alegre, la jubilada, no es la única víctima en esta historia. La represión policial en Neuquén provocó la muerte de Teresa Rodríguez, una empleada doméstica asesinada durante una protesta en 1995. Víctor Choque fue el primer obrero metalúrgico muerto por las balas de la Gendarmería en Tierra del Fuego, cuando reclamaba mantener su puesto de trabajo en la empresa electrónica Hitachi. El sabado 11 de noviembre de 2000 fue asesinado en Salta -también por hombres de Gendarmería- Aníbal Verón, un chofer de colectivo despedido que se sumó a los piquetes en reclamo de comida y trabajo para Tartagal.

"Piqueteros somos todos, señor", dice una mujer desdentada entre el humo, el olor a goma quemada y el paisaje desolador. La imagen que se repite es la misma, en Salta, Neuquén o Buenos Aires. Docentes, desocupados, niños, amas de casa o pensionistas, todos le reclaman algo al Estado argentino. Que cumpla con su deber y no les niegue sus derechos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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