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Porque cuando las guerras terminan, muchos niños sobreviven,..... pero ¿cómo?

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LA NACION

Editorial I
SENADO: Y AQUÍ NO PASÓ NADA

La causa judicial por los sobornos que se pagaron en el Senado para forzar la aprobación de la ley de reforma laboral, votada en el recinto de la Cámara alta el 26 de abril de 2000, será probablemente archivada sin que ninguna persona haya sido declarada culpable. Así lo reconoció a LA NACION el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una reciente entrevista.

El hecho de que un escándalo público de semejante envergadura esté a punto de cerrarse sin que la Justicia haya podido encontrar a un solo responsable asesta otro duro golpe a la credibilidad de nuestro sistema político-institucional. Si el proceso concluye, como se prevé, sin que se haya individualizado a quienes presuntamente cobraron las coimas y a quienes presuntamente las pagaron, quedará flotando en la población la sensación de que una vez más la impunidad ha salido triunfante.

A pesar de que la causa pasó por las manos de tres magistrados judiciales -además de Canicoba Corral tuvieron intervención en el caso, alternativamente, Carlos Liporaci y Gabriel Cavallo-, no se reunieron elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y, por lo tanto, para establecer responsabilidades penales. No deja de ser sugestivo que el juez Liporaci haya podido presentar su renuncia al cargo cuando estaba ya en vías de ejecución un juicio político contra él - y que ésta haya sido rápidamente aceptada- y que el juez Cavallo haya recibido un ascenso a camarista.

Hace un año, el representante del ministerio público pidió el procesamiento de diez senadores nacionales y de funcionarios del Poder Ejecutivo, a los cuales consideró incursos en el delito de cohecho, pero la actividad probatoria que ordenaron los magistrados no condujo a ningún resultado positivo. En los fiscales -y en vastos sectores de la opinión ciudadana- prevalece la fundada impresión de que no existió una auténtica voluntad de profundizar los aspectos centrales de la investigación.

Es lamentable que en una situación como la que vive la Argentina, signada por una enorme crisis de desconfianza hacia las instituciones del Estado, un caso judicial que en su momento produjo un justificado estallido de indignación social tenga un desenlace tan contradictorio con las expectativas de la opinión pública. Esta clase de episodios son los que contribuyen a robustecer la sospecha de que sectores de la dirigencia político-institucional están vinculados por pactos de recíproca protección y de impunidad, al abrigo de los cuales nadie se hace responsable de nada. Como consecuencia de esos pactos, el descalabro nacional aparece como un fenómeno en el que abundan las señales catastróficas, pero en el que nunca llega a escribirse ningún nombre propio.

El escándalo del Senado jugó un papel decisivo como factor desencadenante de la crisis que llevó al sistema político al punto de desprestigio en que hoy se encuentra. Se trató de un episodio vergonzoso, en el que legisladores nacionales fueron acusados de haber sido sobornados por funcionarios allegados al Poder Ejecutivo con el fin de que accedieran a sancionar las leyes cuyo trámite se encontraba trabado. La gravedad moral de un comportamiento como el que presuntamente se registró -un pago de coima de un poder del Estado a otro- es inocultable. Resultaría altamente dañino para la salud espiritual y cívica de la Nación que, en el caso de que ambas responsabilidades hubieren existido -la de los que cobraron y la de los que pagaron-, el caso se cerrara sin una sanción ejemplarizadora.

La sospecha de que el juicio no fue conducido con la firme voluntad de esclarecer los hechos está instalada, con razón, en la conciencia de los argentinos. Con episodios tan poco transparentes como éste, será cada vez más difícil reconstruir la credibilidad de nuestro sistema político y la fe pública en las instituciones.

 

LA NACION

Editorial I
PROTECCIONISMO PERNICIOSO

La grave situación fiscal impulsó al Poder Ejecutivo a proponer la suspensión de los beneficios impositivos para las empresas favorecidas por los llamados regímenes de promoción industrial. El tratamiento del proyecto de presupuesto para el año 2002 suscitó un intenso debate sobre este tema, pues se registró una fuerte oposición de las provincias que gozan de esos régimenes.

La denominada "promoción industrial" apareció hace casi cinco décadas en la forma de desgravaciones y ventajas impositivas para aquellas empresas o personas que realizaban inversiones industriales en determinadas provincias y sectores. Desde entonces hubo múltiples modificaciones en las normas legales, que respondieron, en algunos casos, a la introducción de criterios políticos y, en otros, al intento de corregir efectos no deseados o disminuir el costo fiscal. Durante el gobierno de Carlos Menem se decidió suspender la vigencia de estos regímenes, aunque se respetó la continuidad de los beneficios ya otorgados. Anteriormente, cuando se llegó a percibir la caída de la recaudación fiscal a causa del uso excesivo y muchas veces fraudulento de ese tipo de ventajas impositivas, se establecieron cupos presupuestarios para el total acumulado anual de las correspondientes exenciones tributarias.

La filosofía de estos regímenes se basa en el supuesto de que el Estado, a través de sus funcionarios, puede decidir con ventaja cuáles sectores y proyectos son más convenientes o en qué lugar deben radicarse. Se les asignan ventajas fiscales a las empresas beneficiadas, en forma de desgravaciones del IVA, del impuesto a las ganancias y de otros tributos nacionales o también facilitando a los accionistas inversores que destinen al nuevo proyecto el dinero con que hubieran tenido que pagar impuestos, difiriendo por varios años su devolución al fisco.

Entre 1973 y 1978 la ley permitía al Tesoro Nacional garantizar el financiamiento de estos proyectos. En sus comienzos la promoción industrial tenía un foco sectorial más que regional. Luego adquirió un carácter geográfico más restringido, concentrándose en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis, bajo un régimen único, y en Tierra del Fuego con otra legislación. También se transfirió la autoridad de aplicación, que fue pasando del gobierno nacional a los gobiernos provinciales.

La experiencia fue mostrando los serios inconvenientes y perjuicios de la aplicación de estos regímenes para el conjunto del país, no obstante las ventajas que obtenían las provincias o las empresas favorecidas. La liberalidad con que se otorgaban los beneficios produjo, además, una fuerte erosión de los ingresos fiscales. La producción o sólo la facturación se derivaba a las subsidiarias desgravadas, con clara elusión fiscal o muy frecuentemente con fraude. La nuevas radicaciones incrementaban los costos de transporte y el costo real para la comunidad, con impacto negativo sobre la productividad y competitividad y sólo beneficiaban a unos pocos, con cargo a los contribuyentes o al impuesto inflacionario.

Cuando los gobiernos provinciales pasaron a administrar la adjudicación de esos beneficios, que recaían sobre impuestos nacionales, los efectos -naturalmente- se agravaron. Para ponerles límite, se pasó a fijar un cupo de beneficios anuales en el presupuesto nacional. Apareció entonces el problema de la destrucción de iniciativas de inversión. El empresario que no obtenía el beneficio otorgado por decreto se abstenía de impulsar su proyecto, ya que no podía competir con los favorecidos. La corrupción, además, se potenció. Por otro lado, la inversión industrial no sólo se orientaba artificialmente sino que también se limitaba, en consonancia, con el cupo y la restricción fiscal.

Los principios que guiaron las reformas económicas a principios de los noventa facilitaron una interpretación racional de los perjuicios de la promoción industrial e impulsaron la supresión en general de esta legislación, aunque no del todo. Se determinaron cuantitativamente los beneficios remanentes declinantes de las empresas beneficiarias, que luego se han respetado. En estos momentos se advierte un avance del intervencionismo estatal y de un industrialismo de limitada visión sectorialista. Por lo tanto, es necesario insistir en que no se pierda de vista la experiencia del pasado y se eliminen estos privilegios sectoriales o provinciales, que tanto han dañado a la economía nacional y que con tanta frecuencia han sido fuente de manejos irregulares y de situaciones de corrupción.

Es particulamente lamentable que el mantenimiento de estos regímenes de promoción industrial esté siendo utilizado como arma de negociación por sectores del Congreso nacional, que se niegan a aprobar la ley de presupuesto si no se les garantiza la continuidad de esos irritativos privilegios. El Poder Ejecutivo no debe aceptar esa presión extorsiva, ese verdadero chantaje, tan alejado del espíritu que se supone propio de los órganos de una democracia republicana.

 

LA NACION

Editorial I
Elijamos el camino de la madurez

Hay dos maneras distintas de reaccionar ante la crisis que la Argentina está viviendo. Una de ellas consiste en redoblar los esfuerzos para mejorar las estructuras de la vida pública nacional desde adentro y no desde afuera de nuestro sistema político-institucional. La segunda consiste en dejarse arrastrar por la fantasía de los grandes sueños mesiánicos y de las ampulosas gestas fundacionales, que por lo general conducen a calamidades mucho mayores que las que se pretende evitar.

Los argentinos tenemos que elegir uno de estos dos caminos. Si optamos por el primero, es posible que logremos avanzar hacia la superación realista, progresiva y razonable de los males que nos afligen. Si elegimos el segundo camino lo más probable es que terminemos dando un salto en el vacío y finalmente destruyamos lo que todavía queda en pie en la República, agravando el actual descalabro o precipitándonos en el caos y la disolución social.

El primer camino arranca de una profunda aceptación de la realidad que nos envuelve. Nadie puede mejorar su realidad si no empieza por aceptarla tal como es. El segundo camino, en cambio, no se basa en la aceptación de la realidad sino en su negación: los esfuerzos no están dirigidos a mejorar el país real sino a sustituirlo con ingenuas idealizaciones y fantasías escapistas que parecen querer armar una nueva nación partiendo de la nada.

El primer camino es el de la madurez, el de la construcción paciente de nuevos rumbos a partir de la decisión adulta de asumir la realidad argentina actual, con sus luces y sus sombras, con sus logros y sus fracasos, cargando codo a codo con el peso de una historia que es de todos y que no puede ser borrada. El segundo camino es el de la inmadurez, el de los sectores y las personas que se suponen libres de toda culpa y que se miran a sí mismos -en un arranque de irrealidad- como si estuvieran viajando en el Mayflower hacia una tierra de promisión para fundar un nuevo mundo.

La Argentina no es un país que necesite ser fundado. Tiene sus dirigentes públicos y privados, buenos o malos. Tiene sus políticos, sus jueces, sus instituciones, sus productores, sus consumidores, sus empresas -grandes y pequeñas-, sus comercios, sus exportadores, sus importadores, sus profesionales, sus medios de comunicación, sus mujeres y hombres -en suma- de carne y hueso. Es cierto que en algunos de esos sectores han dejado su marca la corrupción y la deshonestidad. Pero también es verdad que no se debe caer en generalizaciones injustas y que no han faltado en el país ejemplos tonificantes de honradez y transparencia moral.

Cuando manifestantes callejeros piden a gritos "¡que se vayan todos!" salta a la vista que se está queriendo conducir a la Argentina por el camino -sin duda equivocado- de los gestos fundacionales y mesiánicos. No es acertada esa manera de encarar la crisis: hay que decirlo con claridad y firmeza. Con la misma energía corresponde decir que el actual presidente de la Nación incurre en un error cuando convoca a refundar la República.

La Argentina no necesita refundar su república. Tampoco necesita purgas ni persecuciones violentas contra los que supuestamente equivocaron el camino. Las instituciones del país no van a mejorar con cruzadas purificadoras ni con actitudes prepotentes encaminadas a renovar los elencos políticos o a desplazar de sus cargos a quienes ocupan las altas magistraturas del Estado.

Lo que el país necesita es alentar cambios realistas y no traumáticos, producidos desde adentro y no desde afuera del sistema institucional vigente. Que se respeten paso a paso los requisitos que impone la Constitución y que desaparezcan los alardes de violencia y vandalismo que están enturbiando la convivencia ciudadana y destruyendo la paz social.

Mejoremos y purifiquemos las instituciones, fortalezcamos el espíritu republicano, reclamemos pautas de comportamiento de insospechada transparencia moral en todos los actores de la vida pública nacional. Pero respetemos el Estado de Derecho y consolidemos la paz interior, como lo pide el Preámbulo de nuestra ley suprema. No nos constituyamos unos argentinos en jueces de los otros por la práctica del linchamiento y la barbarie. Seamos maduros y no agitadores frívolos e irresponsables. Y asumamos definitivamente el viejo principio: todo dentro de la ley, nada fuera de ella.

Analicemos la historia del siglo XX y veamos cómo terminaron los mesianismo revolucionarios de uno u otro cuño ideológico y cuánto lograron construir, en cambio, las sociedades que eligieron el camino de la convivencia pacífica, la moderación y la continuidad institucional sin fisuras. Mirémonos también en el espejo de la Venezuela de Chávez y del Perú de Fujimori. Y, sobre todo, recojamos la enseñanza que nos deja nuestra propia historia violenta de los llamados "años de plomo".

Atajemos a tiempo los desbordes y desterremos los gestos de intolerancia. La solución proviene siempre de la madurez y del diálogo. Nunca de la violencia, nunca de los saltos irresponsables al vacío.

 

 

LA NACION

Editorial I
Asambleas Barriales

LAS asambleas barriales que se están celebrando en nuestra ciudad -y en otras zonas del país- han nacido del deseo de amplios sectores de la población de participar de manera directa y comprometida en la solución de los graves problemas que aquejan a la República. El escepticismo de mucha gente respecto de la legitimidad del actual sistema de representación político-partidaria, manifestado de manera tumultuosa en calles y plazas, ha potenciado el deseo de los habitantes de muchos barrios de hacer oír su voz, buscando canales de expresión más cercanos a la democracia directa.

De esa inquietud popular han surgido las asambleas barriales. Constituyen un intento de generar un sistema de participación que comience por controlar el manejo de los fondos públicos que atañen al barrio y por establecer pautas sobre el uso de los recursos presupuestarios en el nivel municipal.

Si bien es cierto que el auge de estas asambleas aparece como una consecuencia del hartazgo público ante las conductas poco confiables de la clase política, debe tenerse en cuenta que tales mecanismos de deliberación popular encierran un peligro, pues por su naturaleza pueden acercarse al sombrío modelo de decisión de los "soviets", donde el lirismo idealista de muchos terminaba siendo casi siempre manipulado por una minoría de activistas ideologizados, duchos en el arte de proponer soluciones grandilocuentes y efectistas de puro contenido emocional -a menudo de imposible cumplimiento- y de captar, así, la voluntad de mayorías que no siempre advierten a tiempo la trampa que se les tiende.

La posibilidad de que esos órganos populares pretendan hacer justicia por su propia mano y sustituir a jueces, legisladores y administradores gubernamentales encierra un alto riesgo, en la medida en que se puede desembocar en el extremo no querido de que una reunión populosa de dudosa racionalidad -en la cual las decisiones se toman con frecuencia por aclamación- termine convirtiéndose en un factor de perturbación institucional.

La experiencia enseña que estas asambleas son a veces copadas por agentes de ideologías extremistas, que aprovechan la legítima indignación de la mayoría para pescar en río revuelto y tratar de lograr lo que nunca pudieron obtener por la vía del sufragio. No está mal que la gente quiera expresarse. De la consigna "el pueblo quiere saber de qué se trata" nació, al fin y al cabo, hace 192 años, la nación que habitamos. Pero es fundamental tener en cuenta que una cosa es protestar tumultuosamente y otra muy distinta tomar decisiones de gobierno en función del interés público y el bien común.

"El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", dice sabiamente la Constitución nacional. Ese principio nació del horror que les inspiraba a los constituyentes la amenaza de las turbas desatadas, un temor que se había incubado al abrigo de los excesos e injusticias que se habían perpetrado en el mundo en nombre de la libertad, de la Revolución Francesa en adelante. Nuestras asambleas barriales deben ser cuidadosas y estar prevenidas ante cualquier desviación que las acerque a los malos ejemplos históricos que proporcionaron, tantas veces, las multitudes enardecidas.

Las inquietudes que se manifiestan en esta clase de reuniones populares deberían tener un cauce real y no frustrar la legítima aspiración que los argentinos alentamos de reconstruir la representación política de los ciudadanos, cansados de episodios como el de las coimas en el Senado, la reiteración de actos de corrupción, el cuestionado financiamiento de la política por vías espurias y tantas otras señales de declinación moral.

"El pueblo quiere saber de qué se trata" quiere decir más y mejor participación política por los carriles institucionales previstos en nuestro sistema constitucional. No se puede ignorar, de todos modos, que las asambleas barriales son la respuesta inorgánica a las vacilaciones y las demoras del poder en instrumentar la reforma política reclamada por la ciudadanía.

 


La mejoría es posible

Mejorará cuando los intereses de los distintos sectores de la sociedad —los que no tienen nada, los que tienen un poco y los que tienen mucho— se decidan a resolver la gran contradicción cultural que mina las conductas del conjunto, como por ejemplo el silencio de las cacerolas conviviendo con 14 millones de pobres, hasta el día en que el "corralito" entorpeció la paz de los hogares con ahorros y cierto bienestar.

O la evasión de 24.000 millones de dólares de los poderosos, que no merecen otro calificativo que el de "antipatriotas" por haber colaborado directamente con el desfondamiento del país. O el enfado de las privatizadas, que han ganado el dinero que ni ellos mismos pueden creer y boicotean a un país que ha pasado por una tormenta que provocó cinco presidentes en menos de un mes.

Mejorará cuando ciertos medios de comunicación no predispongan a la sociedad negativamente en base a especulaciones o mentiras inducidas con perversidad, sino con el criterio de equidad y precisión que enaltece al periodismo.

Las responsabilidades son de todos. Hoy eximirse de la participación activa en lo que se construyó y se perdió es desestimar el sentido común que en mayor o menor medida es patrimonio de los hombres. Por acción u omisión todos hemos participado de la fiesta sin reparar en el gasto, unos por codiciosos, otros por desinteresados, la mayoría por confusos.

Asumamos el cambio y la salida de la convertibilidad fortaleciendo la democracia, exigiendo la mejora de las dirigencias en todos los niveles y suprimiendo las metodologías impropias de un Estado de derecho donde se pueda vivir un sueño de justicia, pero no caigamos en el facilismo de las hogueras ni tiremos con ligereza "la primera piedra", no vaya ser que nos volvamos a equivocar y en lugar de reconstruir nuestra historia, sigamos destruyéndola. Si no lo hacemos, el árbol que hoy no nos deja ver el bosque, se nos puede caer en la cabeza.

 

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